El lunes, el Gobierno presentaba los resultados de la macroencuesta de 2015, un estudio que se realiza cada cuatro años. Su conclusión es rotunda: la violencia de género aumenta en España. Una realidad que también refrenda el Consejo General del Poder Judicial. Así, la semana pasada el órgano de gobierno judicial rendía cuentas sobre el año 2014 y el balance no puede ser más preocupante: las mujeres denuncian menos que en el 2011, al tiempo que la concesión de órdenes de protección desciende en estos últimos tres últimos años. Disminuye el número de mujeres que consiguen la protección que solicitan en los juzgados o la que garantiza la policía.
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Esta barbarie no se combate con indolencia ni complacencia, exige acción. Demasiadas mujeres están enfrentando solas la violencia que se ejerce sobre ellas. La mayoría no interponen denuncia y, de las que lo hacen, un 20,9% la retiran. Todas estas certezas, exigen que el Gobierno active medidas urgentes que rectifiquen lo que se ha hecho mal, devolviendo a los ayuntamientos, la administración más próxima y la más eficaz en la protección frente a la violencia, las competencias arrebatadas sobre igualdad, prevención y reparación. No es a través de una reforma local, que supone la desaparición de la primera vía de socorro de la víctima, como se combate este fenómeno.
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Necesitamos consensos que no pueden ser ajenos al fomento de las políticas de igualdad, porque la seguridad y supervivencia para las víctimas de la violencia se halla estrechamente relacionada con la solidez de los logros que vayan alcanzando el conjunto de las mujeres. Finalmente, debemos articular políticas que impliquen a los hombres para que también nos movilicemos contra la violencia con la valentía y resolución que se precisa..... SEGUIR LEYENDO
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